La Voz magnifica un escándalo para influir en una pugna interna del PP

El titular hace una afirmación falsa,
pues el reconocimiento de deuda
que certifica el documento municipal
que motiva la pugna entre miembros
del PP no permite inculpar a nadie
en delito alguno, ni tampoco en los
que son investigados en el marco
de la Operación Pokemon.
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Los vínculos Voz-PP son de tal calibre que el periódico coruñés incluso se presta a participar en asuntos internos del partido, en este caso inmiscuyéndose en la pugna que libran la dirección provincial del PP de A Coruña (pilotado entre bastidores por el opusdeísta Romay Beccaría con el alcalde de A Coruña y el presidente la Diputación como brazos ejecutores) y el ala del PP santiagués que en su día lideraba el alcalde Conde Roa, quien dimitió al haber sido acusado de no liquidar el IVA cobrado a los compradores de unas viviendas; pero a cambio de su renuncia logró que el PP provincial aceptara que el nuevo regidor fuera Ángel Currás (nº 4 de la candidatura) en lugar de la nº 2 de la lista electoral, Paula Prado, que además era la preferida por el aparato.
Ese relevo pactado dividió el PP santiagués en dos bandos y al paso de unos meses el desencuentro se emponzoñó debido a que varios funcionarios y concejales (alcalde incluido) figuran como imputados en la investigación del caso Pokemon (presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicar servicios a empresas del Grupo Vendex).
En ese escenario, el funcionario jefe del Departamento de Educación del consistorio, Xosé M. Rodríguez-Abella (uno de los imputados), cayó recientemente en la cuenta de que había firmado un reconocimiento de deuda a favor de una empresa del Grupo Vendex (Sermasa), a la que se prorrogó la prestación de un servicio debido al retraso en convocar el concurso y resolver la nueva adjudicación.
En su afán por subrayar que él no decidió la prórroga ni el reconocimiento de deuda a iniciativa propia, el funcionario redactó una nueva providencia haciendo constar que el Departamento de Educación actuaba, lógicamente, siguiendo las instrucciones de la concejal-delegada del área, Rebeca Domínguez.
Pero esta edil (también imputada en el caso Pokemon) se negó a ser mencionada en el documento pese a que ese tipo de decisiones son, en efecto, del alcalde o del concejal en el que haya delegado la autoridad, en tanto que los funcionarios son meros ejecutores.
Prórroga y reconocimiento de deuda habituales
El episodio es doblemente absurdo porque prorrogar el servicio que presta una empresa y comprometerse a abonar esa prestación añadida es legal y constituye la solución habitual en los casos en que, una vez finalizada una contrata, el ayuntamiento tiene el imperativo legal de seguir prestando el servicio aunque no se haya resuelto el nuevo concurso.

Así estaban las cosas cuando alguien filtró a La Voz de Galicia copias del documento inicial y de la propuesta de rectificación elaborada por el funcionario. Sorprendentemente, el periódico ha difundido una interpretación jurídica radicalmente política y sesgada que, según distintas fuentes, es la tesis argayada por el aparato provincial del PP para acusar al funcionario e indirectamente al alcalde de incurrir ¡en un intento de falsificación! (el cambio que propone el funcionario consiste en añadir las palabras que figuran marcadas con color amarillo en la copia que se adjunta).
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Copia del documento propuesto por el
funcionario, ¡acusado de "falsificación"! 

Munición para el PP provincial
A la postre, la ofensiva del PP provincial contra Ángel Currás ha contado con la colaboración de La Voz, que ha convertido un cambio perfectamente legal en un escándalo, ayudando así a la cúpula del PP coruñés en su campaña para que el alcalde se avenga a ceder el bastón de mando a Paula Prado.
Para redondear el sainete, La Voz ha informado de que el regidor ha presionado a la edil que se negó a ser mencionada en la providencia y que el diálogo derivó en una discusión subida de tono. Dando esto por cierto, esta absurda por inútil diatriba se suma a la perversa tesis de la falsificación.
¿Por qué se inmiscuye La Voz?
El e-periódico Galicia Confidencial ha informado de tan singular episodio político-mediático y apunta que la intromisión del periódico se debe a las estrechas relaciones que mantiene la dirección de La Voz con la cúpula coruñesa del PP y, a mayores, también sería fruto de que el Ayuntamiento de A Coruña (cuyo alcalde es Carlos Negreira, número uno del aparato provincial del PP) ha suscrito recientemente un convenio económico-promocional con el Grupo Voz.
Sin olvidar las excelentes relaciones Voz-Diputación, presidida esta por otro "hombre de Romay".
En todo caso, la participación del periódico en una pugna interna entre conservadores confirma dos cosas: primera, la estrecha relación Voz-PP y, segunda, el empeño de "el grupito” que controla La Voz en intervenir en política practicando el quid pro quo: hoy por ti, mañana por mi; táctica que acostumbra a reportar ventajas (convenios, ayudas, subvenciones, etcétera).
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LIGAZÓNS:
--- «Feijóo impulsa ao bando de Prado cara á alcaldía»,
--- «Protesta contra un "bipartito de telenovela" en Santiago. A lea no PP de Compostela dexenera en guerra entre La Voz e El Correo».
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NOTA: Si La Voz querían cargar las tintas sobre Ángel Curras, más útil que utilizar munición del PP hubiera sido investigar, por ejemplo, esta primicia que ha difundido Europa Press: «Imputados Currás y Conde a raíz de una denuncia de un funcionario», acusados de prevaricación y acoso por un policía local; episodio que viene de lejos y, además, puede ayudar a entender la amistosa relación entre el exalcalde y su sucesor. 
Los miembros de ExVoz no tenemos ningún interés personal ni político en que Currás siga siendo el titular de la alcaldía compostelana, ni tampoco en que sea relevado. Nos limitamos a analizar la información difundida por La Voz y a explicar el rosario de absurdos que caracterizan el episodio generado en torno a la también absurda modificación de la providencia por la que el consistorio certifica el reconocimiento de una deuda, para lo que hemos contado con el asesoramiento de dos abogados, uno especializado en Derecho administrativo y el otro, en penal.