Éxito de Google, ridículo del Estado francés y los editores de diarios, sentados en Babia

Schmidt (izquierda) y Hollande en el acto institucional
 en el que fue anunciado el acuerdo, como si de un pacto
entre Estados se tratara (foto capturada en Liberation)

Recientemente, el presidente de Francia, François Hollande, y el de Google, Eric Schmidt, firmaron un acuerdo por el que el buscador se ha comprometido a donar 60 millones de euros para ejecutar el proyecto gubernamental que financiará la transición de la prensa a la era digital.
En el origen de esa operación están los presuntos perjuicios (¿?) que Google causa a los periódicos.
Hay tres aspectos chocantes en ese acuerdo:
Primero, el Estado francés renuncia a imponer un gravamen específico para los buscadores (para lo que debería crear una figura impositiva que, en todo caso, no podría ser la del simple enlace),
Segundo, la aportación de Google solo beneficiará a empresas privadas (las editoras de periódicos), y
Tercero y para colmo, el dinero que una empresa privada (Google) entrega a otras empresas privadas será vehiculado por el Estado, ¡que ejerce de intermediario!
La habilidad del buscador  
Evidentemente, Google ha logrado un notable éxito: paga 60 millones de euros a cambio de que el Estado francés renuncie a crear la tasa. Y los editores, que son los más beneficiados, tan contentos, como si el futuro no fuera con ellos…
Cabe otra interpretación más política: el Estado francés se ha prestado a ejercer de representante de unas empresas privadas (las editoras de periódicos) para que estas consigan el dinero que les permitirá crear un sistema de distribución y comercialización digital de contenidos (en todo caso, aunque sigan aplazando el cobro generalizado por acceder a sus web, los editores recibirán los 60 millones).
Que el Estado se erija en regulador sería comprensible si fuera cierta la tesis de que Google está cercenando derechos o causando perjuicios económicos a la generalidad de la ciudadanía (cosa que no ocurre), pero causa sonrojo que el Gobierno intervenga para que empresas supuestamente perjudicadas por otra empresa (Google) obtengan una compensación.
¿Y cuando se acabe el dinero, pedirán más?...
¿Qué ocurrirá cuando las editoras de diarios se hayan gastado los 60 millones de euros, al margen de que la implantación del pago por acceso sea o no exitosa?, ¿volverán los editores a presionar a papá Estado para que “amenace” otra vez a Google con una tasa a fin de que el buscador done otros 60 millones?, ¿o el Estado se dará por enterado y elaborará una figura impositiva?
La operación ha servido para aplazar la solución y para que Google costee la incapacidad (o la comodidad) de los editores de diarios, que pasan los años y son incapaces de ponerse de acuerdo para afrontar un reto que ya no es de futuro, sino actual y urgente: dejar de regalar información vía Internet.
El gran escollo para imponer el pago por acceso radica en que es preciso un consenso de mínimos entre los editores.
Pero en España la cosa es peor, pues la prensa ni siquiera ha sabido sacar tajada, aunque lo cierto es que el Gobierno de Rajoy no es precisamente hábil a la hora de moverse.