La Voz sesga el debate sobre financiación pública de colegios privados al omitir un dato crucial

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Uno de los métodos más sencillos de manipular la realidad consiste en proporcionar información sesgada o falsa, pero la mayoría de los medios que manipulan optan por dos métodos menos arriesgados: silenciar información o, mejor aún, ofrecerla incompleta.
¿Por qué es preferible la tercera opción?
Porque las falsedades acaban siendo descubiertas y el silencio es demasiado ruidoso, mientras que la información incompleta, si se descubre, siempre se puede justificar alegando que la ausencia de un dato o de una referencia se debió a un descuido, a un error o sencillamente porque no lo sabíamos...
Hace ya tiempo los responsables informativos de La Voz de Galicia decidieron recurrir preferentemente a la tercera opción cuando quieren manipular algo, sea por las causas que sea, máxime en asuntos políticos.
Hoy el periódico divulga un texto que constituye un ejemplo perfecto de manipulación por la vía de ofrecer información incompleta, salvo que sea fruto de la ignorancia o de una torticera valoración por parte del autor del texto.
La crónica que adjuntamos a este post no cuenta mentiras, pero mueve al engaño porque simplifica en demasía y sobre todo porque falta un dato crucial. Y para colmo esta omisión favorece descaradamente a una de las partes políticamente enfrentadas, al PP.
¿Que omite o de qué se ha olvidado el autor, lo haya hecho involuntaria o voluntariamente?
Sentencia determinante
Informar de un debate sobre la legalidad-ilegalidad de financiar con dinero público centros de enseñanza privados obliga a dejar constancia de que el Tribunal Supremo ya se pronunció hace meses al respecto en dos casos (referidos a sendos colegios de Andalucía y Cantabria) para precisar, entre otros detalles, que la Ley Orgánica de Educación (LOE, 12/2006) impide que la Administración sufrague con dinero público centros privados que incumplan los requisitos que la LOE establece, y esta señala sin resquicio de duda que no son subvencionables los colegios que separan al alumnado por sexos.
El PP, tanto en Galicia como en otras comunidades, sortea el cumplimiento de la ley y elude la sentencia del Supremo aduciendo, básicamente, dos excusas:
1. Alega que la Constitución consagra la libertad de enseñanza; lo cual ampararía que un colegio discrimine por sexos, y
2. Alega que el Supremo se ha pronunciado con relación a dos colegios concretos ubicados en dos comunidades autónomas concretas, lo que restringiría a esos territorios la aplicación del dictamen.
(1) La primera excusa es absurda porque la LOE no niega la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, sino que se limita a precisar los requisitos que debe cumplir un centro de enseñanza para ser financiado con dinero público y uno de esos requisitos es que el colegio no practique la discriminación por sexo.
Es decir, en aplicación de la Constitución tal como la interpreta el PP, discriminar por sexo en los colegios sería legal y los colegios privados que así lo desean pueden aplicar esa u otras modalidades existentes en el campo de la enseñanza, pero sin entrar en debates religiosos y sin negar la libertad a la iniciativa privada, es radicalmente constitucional y lógico que el Estado se haya dotado de una ley para regular la financiación pública de los colegios privados y se la niegue a los que discriminan por sexo, al igual que tampoco se la concede a otros centros por incumplir otros requisitos.
La iniciativa privada es libre también en la enseñanza, ¡estupendo!, pero eso no es una patente de corso para incumplir la ley que regula el acceso al dinero público, así lo ha reseñado el Supremo.
(2) La segunda excusa es todavía más peregrina, pues el PP (en contra de su ideario uniformador por españolista) trocea el ámbito jurisdiccional del Supremo al sugerir que el alto tribunal se tenga que pronunciar diecisiete veces, tantas como comunidades hay, para que sus dictámenes sean de obligado cumplimiento en todo el territorio del Estado español.
Una omisión que "ridiculiza" a la oposición
Que un cronista parlamentario o corresponsal político omita mencionar tan crucial sentencia para informar de ese debate solo puede tener una de estas dos explicaciones:
a) El periodista carece de preparación, conocimientos y/o experiencia profesionales suficientes para ejercer esa labor, o
b) El periodista, bien de motu propio o bien siguiendo instrucciones, aplica la táctica de omitir información para manipular y/o favorecer algo o a alguien.
Entre otros efectos, omitir que existe esa sentencia provoca que el lector tenga la percepción o quede convencido de que quienes pretenden hacer algo ilegal son los diputados de AGE, BNG y PSdeG, cuando en realidad lo que ocurre es todo lo contrario.
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ENLACE a la sentencia «STS 5498/2012 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4. Recurso de casación 5423/2011. Ponente: Celsa Pico Lorenzo».
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NOTA: Al contrario que La Voz, hasta el propio ABC, que no es un medio anti-PP, ha informado con mayor claridad de este asunto: «El TS ratifica la exclusión del concierto a tres colegios diferenciados por sexo».
También refleja el asunto El País con mayor claridad que La Voz, en «Andalucía niega el concierto a los doce colegios que separan por sexo».
El actual ministro de Educación ya anunció hace unos meses la intención del actual Gobierno central de modificar la LOE para suprimir algunos de los requisitos que se establecieron en materia de financiación pública, entre otros cambios. Pero mientras el Congreso no apruebe esa modificación, es contrario a Derecho (¡ilegal!) que reciban dinero público los colegios privados que incumplen las condiciones establecidas por la LOE.
¿Y por qué tarda tanto el Gobierno del PP en cambiar la LOE? Porque además de que el partido de gobierno tiene que atender cuestiones y problemas más urgentes, elaborar un proyecto legislativo no es sencillo y, por si fuera poco, autorizar la entrega de dinero público a entidades sexistas (sean colegios, clubes deportivos, empresas o asociaciones de vecinos) no es tan fácil.
La redacción de un texto legal que dé luz verde al sexismo exige ir con mucho cuidado porque una ley que favoreciera directamente ese criterio sería derogada por el Tribunal Constitucional. 
El PP tiene que arbitrar una fórmula que permita dar dinero a los colegios sexistas pero sin que ese texto legal "bendiga" directa ni indirectamente el sexismo. No es fácil. Aparte de que hay retrasos motivados por otros cambios que el PP aspira a introducir que también pueden ser motivo de graves conflictos y de recursos a los tribunales (por ejemplo, imponer la religión católica como asignatura puntuable).